El Consejo de Ministros autorizó en agosto de 2016 la contratación de más de 900 vigilantes de seguridad para las prisiones españolas en el marco del plan de privatización de la seguridad de los 67 centros penitenciarios del país que comenzó en 2013 y que actualmente se encontraba en la prórroga de su segunda fase, que entró en vigor en octubre de 2014 y cuya renovación ya llevaba meses de retraso con motivo, entre otras razones, de la demora de la formación del nuevo Gobierno.

Los más de 900 vigilantes ocuparán 203 puestos de trabajo divididos en distintos turnos. El contrato conllevará un desembolso aproximado de 58 millones de euros por parte del Gobierno y dará servicio a todas las prisiones dependientes del Ministerio del interior, que son las que se encuentran bajo el control de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Desde Albali Centros de formación, os recomendamos a todos los vigilantes de seguridad tener esta especialidad, para que en un futuro no muy lejano podáis optar a este puesto de trabajo.